¿GOBIERNO DEL MAULE FIRMA CONVENIO CON AGUAS NUEVO SUR?
Por: 
Romy Bernal Díaz
Periodista
Periodista
Ayer, durante la mañana, mientras bebía un jugo de fruta “no natural” en el Centro Español de Talca, fui testigo de una alianza – incomprensible para la ciudadanía – entre el Gobierno Regional del Maule, encabezado por María Elena Villagrán y Aguas Nuevo Sur, dirigido por José Luis Arraño…
Sí, puntos suspensivos al final del párrafo anterior, pues estoy como Condorito, con un signo de interrogación en mi cabeza acompañado con la característica onomatopeya(1): ¡PLOP! ¿Por qué estoy sumida en la incredulidad se preguntarán ustedes cuando los convenios se firman por miles en este país?
Pues sucede que se invitó a dirigentes, funcionarios públicos y varios rostros desconocidos para la mayoría, a escuchar – en resumen – que dicha empresa sanitaria está sufriendo pérdidas monetarias porque algunos ciudadanos roban agua; por lo cual, Aguas Nuevo Sur contrató a “ALTO Acción Legal Total” para que se encargue de “perseguir y disuadir” (como dice el slogan en el sitio www.alto.cl) a quienes cometen el “delito de robar agua”(2). Asimismo, esta empresa legal invitó a los dirigentes a denunciar a los vecinos por el robo de este recurso vital para la vida.
Esta situación no es la que me asombra, pues la empresa sólo cuida sus intereses, lo que es natural. Lo que me sorprende – no positivamente, por supuesto – es que el Gobierno de la Región del Maule introduzca esta actividad informativa de los intereses de una empresa privada en el marco del programa “Gobierno, Policía, Comunidad y Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Sra. Gobernadora, quiero contarle que Chile firmó el 16 de Septiembre de 1969 y ratificó en 1972 (10 de Febrero) el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR en inglés) de las Naciones Unidas, que en noviembre de 2002 emitió un Comentario General sobre el derecho al agua. Instancia que marcó un hito en la historia de los derechos humanos, pues por primera vez el agua es reconocida de forma explícita como un derecho fundamental y los 145 países que ratificaron el CESCR se verán obligados a asegurar progresivamente que todos tengan acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación.
En otras palabras, esto significa que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, define al agua como un bien social y cultural, y no prioritariamente como un bien económico, y declara que cada persona tiene el derecho al agua en forma suficiente, segura y costeable, y que no se debe impedir a persona alguna el acceso al agua y, por ende, los Estados deben hacer cumplir este derecho.
Entonces, me pregunto seriamente, ¿cómo es posible que el Gobierno avale con la firma de la Sra. Villagrán la “persecución de los deudores de agua potable”?
Imagino (dentro de mi inocencia asegurarán quienes me conocen) que el Gobierno realizó este convenio con la mejor de las intenciones; pero los dirigentes que asistieron se sintieron engañados, pues no se les explicó en qué consistía la actividad y se quiso legitimar con la presencia de éstos el acuerdo entre Aguas Nuevo Sur, Acción Legal Alto y el Gobierno; acuerdo que no incluyó a ningún representante de los deudores de agua potable.
Asimismo, el supuesto diálogo ciudadano que mencionaba la invitación terminó convertido en una ronda de preguntas al señor Arraño, y justo en el instante en que las respuestas del gerente de Aguas Nuevo Sur estaban perdiendo solidez (y, por ende, poniéndose interesante el tema), la Gobernadora tomó la palabra y dio por terminada la conversación.
La búsqueda de una solución realista a deudas impagas por sobre los cien mil pesos que llegan incluso en algunos casos hasta el millón, e imposibles de cancelar con sueldos de 50 mil pesos con que vive una familia; o el porqué la empresa cobra un servicio de alcantarillado en que no invirtió recursos para su construcción, fueron dos de las inquietudes que los dirigentes manifestaron a Arraño.
A la primera, éste respondió que posibilidades de convenio siempre han existido aunque opinó que el 30 por ciento de la deuda sí era a veces muy alto, pero si dijo tajante que el atraso de un día no era “perdonado” por el sistema; y en la segunda inquietud, Arraño señaló simplemente que quienes ponían los precios de “costos varios” era el organismo del Estado conocido como la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Entonces ¿de qué estamos hablando, a quién recurre la comunidad para que el derecho a la vida, el derecho al agua (ojo: ¡Si no bebemos agua morimos!), sea resguardado?
(Quienes ya se aburrieron, no se preocupen ya voy a terminar).
La transacción del agua como otro producto cualquiera en el mercado es insensato, por razones humanitarias, científicas, sociales, culturales con que podría llenar hojas y hojas; pero Sergio, mi actual editor, dijo que fuera breve. Aunque, ¡amigo mío!, no pidas eso a un periodista-escritor cuando habla de algo tan serio, pero no te asustes con esto concluyo.
El Gobierno y el Poder Legislativo deben trabajar en conjunto para que el agua dulce, el agua potable, el agua, esté al alcance de todos los chilenos y podamos acabar con la sed de nuestros hijos, padres, hermanos, y amigos. Requerimiento tal a las autoridades no es utopía, es un tirón de orejas para que recuerden que su deber principal (no digo el único) es velar por los intereses de la ciudadanía por encima (aunque les duela) de la empresa privada.
NOTA:
1) Palabra que imita el sonido de una cosa.
2) Señores amantes de las leyes este artículo no justifica el robo y no insta al robo de agua, pero tampoco la denuncia de los que “beben para vivir”.
FUENTES:
www.un.org/spanish/
http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=1456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Pues sucede que se invitó a dirigentes, funcionarios públicos y varios rostros desconocidos para la mayoría, a escuchar – en resumen – que dicha empresa sanitaria está sufriendo pérdidas monetarias porque algunos ciudadanos roban agua; por lo cual, Aguas Nuevo Sur contrató a “ALTO Acción Legal Total” para que se encargue de “perseguir y disuadir” (como dice el slogan en el sitio www.alto.cl) a quienes cometen el “delito de robar agua”(2). Asimismo, esta empresa legal invitó a los dirigentes a denunciar a los vecinos por el robo de este recurso vital para la vida.
Esta situación no es la que me asombra, pues la empresa sólo cuida sus intereses, lo que es natural. Lo que me sorprende – no positivamente, por supuesto – es que el Gobierno de la Región del Maule introduzca esta actividad informativa de los intereses de una empresa privada en el marco del programa “Gobierno, Policía, Comunidad y Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Sra. Gobernadora, quiero contarle que Chile firmó el 16 de Septiembre de 1969 y ratificó en 1972 (10 de Febrero) el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR en inglés) de las Naciones Unidas, que en noviembre de 2002 emitió un Comentario General sobre el derecho al agua. Instancia que marcó un hito en la historia de los derechos humanos, pues por primera vez el agua es reconocida de forma explícita como un derecho fundamental y los 145 países que ratificaron el CESCR se verán obligados a asegurar progresivamente que todos tengan acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación.
En otras palabras, esto significa que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, define al agua como un bien social y cultural, y no prioritariamente como un bien económico, y declara que cada persona tiene el derecho al agua en forma suficiente, segura y costeable, y que no se debe impedir a persona alguna el acceso al agua y, por ende, los Estados deben hacer cumplir este derecho.Entonces, me pregunto seriamente, ¿cómo es posible que el Gobierno avale con la firma de la Sra. Villagrán la “persecución de los deudores de agua potable”?
Imagino (dentro de mi inocencia asegurarán quienes me conocen) que el Gobierno realizó este convenio con la mejor de las intenciones; pero los dirigentes que asistieron se sintieron engañados, pues no se les explicó en qué consistía la actividad y se quiso legitimar con la presencia de éstos el acuerdo entre Aguas Nuevo Sur, Acción Legal Alto y el Gobierno; acuerdo que no incluyó a ningún representante de los deudores de agua potable.
Asimismo, el supuesto diálogo ciudadano que mencionaba la invitación terminó convertido en una ronda de preguntas al señor Arraño, y justo en el instante en que las respuestas del gerente de Aguas Nuevo Sur estaban perdiendo solidez (y, por ende, poniéndose interesante el tema), la Gobernadora tomó la palabra y dio por terminada la conversación.
La búsqueda de una solución realista a deudas impagas por sobre los cien mil pesos que llegan incluso en algunos casos hasta el millón, e imposibles de cancelar con sueldos de 50 mil pesos con que vive una familia; o el porqué la empresa cobra un servicio de alcantarillado en que no invirtió recursos para su construcción, fueron dos de las inquietudes que los dirigentes manifestaron a Arraño.
A la primera, éste respondió que posibilidades de convenio siempre han existido aunque opinó que el 30 por ciento de la deuda sí era a veces muy alto, pero si dijo tajante que el atraso de un día no era “perdonado” por el sistema; y en la segunda inquietud, Arraño señaló simplemente que quienes ponían los precios de “costos varios” era el organismo del Estado conocido como la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Entonces ¿de qué estamos hablando, a quién recurre la comunidad para que el derecho a la vida, el derecho al agua (ojo: ¡Si no bebemos agua morimos!), sea resguardado?
(Quienes ya se aburrieron, no se preocupen ya voy a terminar).
La transacción del agua como otro producto cualquiera en el mercado es insensato, por razones humanitarias, científicas, sociales, culturales con que podría llenar hojas y hojas; pero Sergio, mi actual editor, dijo que fuera breve. Aunque, ¡amigo mío!, no pidas eso a un periodista-escritor cuando habla de algo tan serio, pero no te asustes con esto concluyo.
El Gobierno y el Poder Legislativo deben trabajar en conjunto para que el agua dulce, el agua potable, el agua, esté al alcance de todos los chilenos y podamos acabar con la sed de nuestros hijos, padres, hermanos, y amigos. Requerimiento tal a las autoridades no es utopía, es un tirón de orejas para que recuerden que su deber principal (no digo el único) es velar por los intereses de la ciudadanía por encima (aunque les duela) de la empresa privada.
NOTA:
1) Palabra que imita el sonido de una cosa.
2) Señores amantes de las leyes este artículo no justifica el robo y no insta al robo de agua, pero tampoco la denuncia de los que “beben para vivir”.
FUENTES:
www.un.org/spanish/
http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=1456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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