Desarrollo Energético y Demandas Ciudadanas
Agradecemos a Ramiro Plaza Greene por esta columna, cuya autora es Sara Larraín, de Chile Sustentable.
Luego
de 30 años de aplicación de la Ley Eléctrica de 1982, Chile sufre un conjunto de problemas de de seguridad de suministro y
conflictos territoriales asociados al desarrollo energético.
Durante
el actual gobierno, y particularmente
después de la aprobación de las 6 centrales térmicas de Castilla en Atacama y
las 5 represas de Hidroaysen en la Patagonia, estos problemas han tensionado a
los chilenos al extremo, dando lugar a masivas protestas ciudadanas y generado un conflicto político difícil de
resolver, pues ha involucrado a
parlamentarios de la Alianza y partidarios del gobierno.
Esta
situación se debe al incumplimiento del presidente Piñera de los compromisos de
campaña y del Programa de Gobierno en el ámbito energético; el incumplimiento
de su anuncio del 21 mayo de 2010, en
orden a formular una ley para incrementar a 20% la meta de energías renovables
no convencionales al año 2020. A ello, se agrega el rechazo de los ciudadanos respecto
del desmontaje institucional de la Agencia de Eficiencia Energética y del
Centro de Energías Renovables y la firma de acuerdos de cooperación nuclear con
Argentina, Francia y Estados Unidos.
Para enfrentar este conflicto político el gobierno
nombro una Comisión asesora para el desarrollo energético, la cual esta
dominada por los técnicos, políticos y consultores que diseñaron y profitan de
la actual política energética, lo cual no da garantías de que se enfrentarán en
profundidad los problemas estructurales que hoy sufre el mercado eléctrico.
Es por ello, que un conjunto de organizaciones
ciudadanas y académicas, junto a los senadores Gómez, Allende, Cantero, Horvath
y Rincón, de la Comisión de Energía del Senado, constituyeron una Comisión Ciudadana-Parlamentaria para realizar un
diagnóstico independiente sobre los problemas estructurales que sufre la actual
política energética y las distorsiones del mercado eléctrico en Chile, y
proponer al gobierno y al parlamento las regulaciones y medidas para
resolverlos.
En el diagnóstico elaborado por la Comisión
Ciudadano-Parlamentaria sobre la problemática eléctrica, se señalan como principales vulnerabilidades del sistema a: la
concentración de la generación en tres
empresas que dominan el desarrollo
eléctrico según sus intereses;
escasa diversificación de la matriz energética y creciente dependencia
de combustibles importados; altos niveles de contaminación local y emisiones de gases de efecto invernadero;
inequidad social y regional en el pago de la cuenta eléctrica ; y un débil rol del
Estado y de los ciudadanos en las
decisiones sobre el desarrollo energético.
Estos problemas y las propuestas de política
pública para superarlos serán dados a conocer en los próximos días por esta Comisión,
mostrando como Chile puede recuperar la gobernabilidad democrática sobre el
desarrollo energético, e inaugurando en Chile la participación ciudadana en las
decisiones sobre la matriz y la política energética.
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